MAR
MENOR
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PARLAMENTO EUROPEO REVISA LA SITUACIÓN DEL SALADAR DE LO POYO La Comisión de peticiones estudia las alegaciones presentadas por Anse Aunque la urbanización de Lo Poyo fue anulada hace unos meses por el Tribunal Superior de Justicia, a petición de los ecologistas de Anse, los organismos europeos siguen con atención las vicisitudes de esta polémica recalificación. El pasado miércoles día 11 de abril se reunió en Bruselas la Comisión de peticiones del Parlamento Europeo al objeto de estudiar nuevamente este asunto. Hay que recordar que el abogado Diego de Ramón, representando a los ecologistas, envió el año 1996 una queja al legislativo europeo debido al impacto ambiental sobre el Mar Menor de esta operación urbanística. Pedro García, presidente de la asociación, ha declarado que "la Comisión Europea [el gobierno comunitario] no ha obtenido todavía garantías del gobierno regional que aseguren la protección efectiva a largo plazo del Saladar de Lo Poyo". En efecto, en la comunicación remitida por la Comisión al Parlamento el pasado mes de enero, se informa que a pesar de haber enviado varias cartas a la Consejería de Medio Ambiente de Murcia, ésta no ha remitido contestación alguna. El ejecutivo de Bruselas viene requiriendo desde hace dos años la aprobación definitiva del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de la zona, cuyo documento provisional fue presentado públicamente mediante el Boletín Oficial de la Región en enero de 1999. Como consecuencia de este incomprensible silencio, la Dirección general de Medio Ambiente de Bruselas -cuyo titular es la comisaria Margot Wallstron- canceló en mayo del pasado año el contrato Life de ayudas parta la conservación de humedales. Es más, el citado departamento ordenó en agosto de 2000 la devolución de una parte de las ayudas recibidas, por un importe de 122.000 € (unos 20 millones de pesetas). Precisamente hace unos días el presidente Valcárcel anunció que solicitaría una entrevista con la comoisaria Wallstron para hablar soble el Plan Hidrológico Nacional. Según Pedro García, "el problema no es tanto la cuantía económica concreta de esta sanción como el grave desprestigio político para una Comunidad como la murciana, que recibe ingentes recursos financieros europeos para potenciar su desarrollo económico y social". Los ecologistas recuerdan que en el debate del estado de la Región de 1999, el propio presidente Varcárcel aireó desde la tribuna de oradores -contrariado por los puyazos de la oposición- una carta de la Comisión Europea levantando la suspensión de pagos del contrato Life. Sin embargo, esta moratoria estaba condicionada a la aprobación definitiva del PORN. "El Presidente debería dar la cara en la Asamblea regional para explicar a los diputados por que sus Consejeros de Agricultura y Medio Ambiente, Eduardo Almohalla primero y Antonio Cerdá después, se han negado a contestar los reiterados requerimientos europeos". Animados por los diversos reconocimientos nacionales e internacionales a sus argumentos contra la macrourbanización promovida por la familia catalana Armengol, desde Anse no se baja sin embargo la guardia en su campaña a favor de la conservación para todos del Mar Menor. Su presidente recuerda que la Consejería de Política Territorial anunció, tras la sentencia anulatoria, que se volvería a tramitar la recalificación, esta vez con información pública y estudio de impacto ambiental. Recientemente, los ecologistas se han personado ante el Tribunal Supremo para defender a capa y espada la sentencia anulatoria de la recalificación, que ha sido recurrida por la inmobiliaria Altonia, propietaria de los terrenos. La decisión definitiva no se conocerá, con suerte, hasta por lo menos dentro de tres o cuatro años. Mientras tanto, Bruselas sigue atenta al pequeño y valioso humedal de Lo Poyo.
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